La cascada de críticas al plan del buscador informático Google de digitalizar y explotar millones de libros online ha forzado que esta compañía revise los términos del acuerdo que alcanzó en 2008 con el gremio de autores y la asociación de editores de EE UU. El pacto revisado, presentado el viernes por la noche ante el juez que lleva el caso, lima algunos de los aspectos más criticados por el Departamento de Justicia de EE UU, Francia, Alemania, el lobby Open Book Alliance (Microsoft, Amazon, Internet Archive…) y grupos de expertos, consumidores y usuarios. El principal cambio, según Google, es la limitación del ámbito de libros al que afecta el nuevo acuerdo: sólo aquéllos editados en la órbita del mundo anglosajón.

Para intentar aplacar las críticas lanzadas desde Francia y Alemania, el nuevo texto restringe el catálogo de libros que Google digitalizará sin previo aviso: serán sólo aquéllos publicados en EE UU, Reino Unido, Australia y Canadá, o que estén registrados en la oficina de copyright de EE UU. “A no ser que estén registrados en EE UU, cualquier libro del resto del mundo queda fuera del ámbito del nuevo acuerdo que se ha presentado al juez”, ha declarado por vía telefónica Luis Collado, responsable para España y Portugal del proyecto de Google Libros.

Google, pues, fracciona los tiempos en los que su proyecto se desarrollaría: acelararía el proceso en el mundo anglosajón y lo retrasaría (a la búsqueda de más apoyos y consenso) en Europa: “Vemos como una oportunidad perdida el limitar la cobertura internacional… hay muchos libros que no van a recuperar la visibilidad. Es una pena que todos esos libros no estén bajo el acuerdo. La intención de Google es comenzar a hablar con los editores europeos para intentar llegar a acuerdos más o menos similares al estadounidense. Esas conversiones comenzarán en las próximas semanas o meses”, ha dicho Collado.

Libros ‘huérfanos’

Las enmiendas al texto, que ocupan unas 30 páginas, acaban con la hegemonía de Google sobre el uso de los libros descatalogados y las llamadas obras huérfanas (aquéllas de las que se desconoce el dueño de los derechos). Así, se modifica la figura del Registro de Libros (el mecanismo de gestión de los ingresos que genere la explotación de los libros escaneados). Ese registro funcionaría ahora con un fondo fiduciario independiente en el que depositar el dinero mientras aparecen los dueños de los derechos. Si ese dinero no fuese reclamado en un plazo de 10 años, se destinaría a obras de caridad. Con el visto bueno del Congreso de EE UU, ese fondo fiduciario independiente podría conceder licencias para que otras compañías también explotasen las obras huérfanas.

Además, el acuerdo revisado elimina un artículo en el que se garantizaba que el Registro de Libros concedería a Google cualquier mejora que pudiera brindar un hipotético nuevo acuerdo firmado entre los competidores del buscador y los autores y editores de EE UU.

Estos cambios deben ser aprobados por el juez que lleva el caso. Se espera que éste convoque en la próxima semana una vista informativa para escuchar de nuevo los argumentos a favor y en contra de las partes implicadas.

Reacciones

Un representante del Departamento de Justicia de EE UU ha declarado a The New York Times que están revisando el nuevo acuerdo y que, no obstante, continúa en marcha la investigación sobre posibles prácticas monopolísticas por parte de Google y los firmantes del pacto.

La Federación de Editores Europeos (FEE), ha declarado en un comunicado que “es positivo que las partes tengan en cuenta las inquietudes de los editores europeos y se hagan avances”. “Apreciamos la intención de excluir [del acuerdo] los libros no anglosajones, aunque todavía necesitamos analizar mejor las implicaciones de esta exclusión y las consecuencias prácticas de la definición adoptada”, agrega la nota.

Por su parte, uno de los presidentes de la Open Book Alliance, Peter Brantley, ha señalado que los cambios introducidos no son más que “un juego de manos”: “Este acuerdo sigue siendo un traje a medida diseñado para servir a los intereses comerciales de Google y sus socios. Ninguno de los cambios propuestos parece abordar los fallos que atañen al interés público, señalados por el Departamento de Justicia y otros críticos.

Mediante una operación de cirugía estética, Google, la asociación de editores y el gremio de autores, intentan que la gente se distraiga y no vea sus esfuerzos para establecer un monopolio sobre el acceso y distribución de contenidos digitales, usurpar el papel del Congreso en el establecimiento de políticas sobre derechos de autor, poner en peligro los presupuestos de las bibliotecas (…) y establecer un peligroso precedente al abusar del proceso de demanda colectiva”.

En cuanto a la acusación de “usurpación del papel de Congreso de EE UU”, Google ha señalado que el nuevo acuerdo “soluciona en gran medida” ese problema al dotar de “más legitimidad a cualquiera de las partes o nuevas partes para modificar aspectos claves del mismo”.

Magdalena Vintent, presidenta de la Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Reproducción, que también dirige CEDRO, la rama española de dicha organización, ha reiterado en la web Portaltic.es que tal y como estaba previsto, si el acuerdo finalmente sale adelante le será reclamada a Google parte de la indemnización (con un adelanto de 34 millones de euros) que el buscador puso en su día encima de la mesa para resarcir a autores y editores. El pasado mes de enero CEDRO ofreció a sus socios la posibilidad de llevar a cabo en su nombre las gestiones pertinentes para ello. Hasta la fecha 9.254 autores y 730 editoriales ha solicitado los servicios de CEDRO. Ahora, no obstante, la mayoría de ellos quedarán fuera del acuerdo (sus libros no serán digitalizados ni explotados).

Google ha recordado hoy que “si hay algún libro de autor o editor español que registrado en la oficina de copyright de EE UU -y ese libro está digitalizado por Google-, entonces sí cae bajo el paraguas del acuerdo y tiene derecho a la indemnización prevista, de 60 dólares por título”.

En origen, el acuerdo renovado busca poner fin a un proceso judicial contra Google desencadenado en 2005 por los editores y autores de EE UU.

Fuente: El País Imagen: Pdm