La ley antidescargas francesa (Hadopi) empieza a caminar. Los principales proveedores de acceso han recibido la primera lista de direcciones de Internet donde se ha detectado tráfico de descargas ilegales, según la ley francesa. Ahora tienen ocho días para identificar a los titulares de las mismas y devolver la información a la autoridad administrativa que gestiona esta información. Una vez ésta tenga los datos en su poder, enviará una primera carta de advertencia a los internautas identificados advirtiéndoles de que se han detectado descargas ilegales en su máquina y conminándoles a que impidan este uso. En caso de que sigan detectándose descargas en la citada máquina, el titular recibirá un segundo aviso. Al tercero, puede ser sancionado con multa y corte de la conexión.

Esta primera remesa contiene una lista con varios centenares de direcciones. Los proveedores de acceso están obligados a suministrar la identidad y dirección postal del titular de la misma. En caso de no hacerlo, pueden ser multados con 1.500 euros por cada dirección no identificada.

Esta lista de direcciones la rastrean las sociedades de gestión de derechos que la elevan a la autoridad administrativa para que sea ella la que gestione la identificación del internauta. Las sociedades de gestión conocerán la identidad del sospechoso si el caso termina en los tribunales para que sea dictada la sanción final. Esta intermediación de las autoridades ha sido básica para salvar legalmente el proceso. En Suecia, donde las propias sociedades de gestión pueden dirigirse a los proveedores de acceso para reclamar la identidad de los sospechosos, la Corte Suprema ha remitido una consulta al Tribunal Europeo para que se pronuncie sobre la legalidad de esta práctica.

Las sociedades de gestión pueden enviar a la autoridad una llamativa cifra de direcciones de Internet por día: 150.000. La autoridad hace una selección y las remite a los proveedores de acceso. De momento, las cifras reales se sitúan en listados de 10.000 direcciones diarias en el caso de las descargas musicales. Uno de los problemas que actualmente enfrenta a los proveedores de acceso con las autoridades es el pago por los costes suplementarios que suponen a estas compañías privadas el rastreo e identificación de este voluminoso paquete de direcciones.

La ley francesa tiene previsto sancionar tanto al autor de las descargas como a aquel internauta, titular de una conexión, que no haya tomado las precauciones debidas para impedir que su red sea utilizado por un intruso con este propósito. Se trata de una polémica extensión del concepto de negligencia.

Fuente: Diario El País

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